Guatemala atraviesa un momento crítico que ha dejado al descubierto el colapso de nuestra seguridad institucional. En menos de un mes, el país ha sido testigo de dos asesinatos de alto perfil que sacudieron la escena nacional: el del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, el 17 de octubre de 2026, y el del diputado Julio Portillo, ocurrido apenas el 6 de noviembre de 2026. El hecho de que Portillo fuera asesinado en Zacapa junto a su escolta de la Policía Nacional Civil (PNC) envía un mensaje escalofriante: en la actualidad, la protección estatal es, en el mejor de los casos, simbólica.
Sin embargo, para la clase trabajadora, las personas defensoras de derechos humanos y las mujeres que sostienen los hogares guatemaltecos, esta crisis no es una novedad; es una realidad cotidiana. Con demasiada frecuencia, la seguridad pública se aborda exclusivamente como un "problema policial". Pero para la audiencia de ATRAHDOM, la seguridad es un asunto de supervivencia elemental. Sin seguridad física, no hay tejido comunitario, no hay dignidad en el trabajo y, fundamentalmente, es imposible sostener un sistema de cuidados que funcione.
La administración de Arévalo (2024-2028) ha respondido a esta ola de violencia con repudios retóricos, pero los discursos ya no son suficientes. A través de este análisis, exploraremos cómo la violencia sistémica y la extorsión son ataques directos a la "economía del cuidado", y por qué es imposible construir un verdadero Sistema Nacional de Cuidados (SNC) si el Estado no puede garantizar la vida biológica y social de sus ciudadanos frente al crimen organizado y la violencia política.
El cuidado no es solo social, es vital
Históricamente, el trabajo de cuidados ha sido relegado al ámbito privado y feminizado. La "economía del cuidado" abarca desde las trabajadoras del hogar que mantienen en pie la vida diaria de miles de familias, hasta las mujeres que organizan comedores comunitarios o cuidan de personas dependientes. La actual administración, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ha impulsado la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) con el loable objetivo de reconocer, redistribuir y proteger este trabajo fundamental para la sociedad.
No obstante, debemos redefinir nuestro entendimiento de lo que significa "cuidar". La seguridad ciudadana es un componente esencial e inseparable del cuidado. El Sistema Nacional de Cuidados propone redistribuir el trabajo y proteger la vida, pero la vida no puede ser "cuidada" si se encuentra bajo la amenaza constante del asesinato, la intimidación o la extorsión.
Actualmente, el diseño del SNC carece de protocolos de seguridad territorial para las lideresas comunitarias y las trabajadoras. ¿Cómo puede operar un centro de cuidado barrial o un comedor solidario si el territorio está controlado por redes criminales? La violencia drena los recursos de estas redes de apoyo. Sin control territorial y sin garantías para la integridad física de quienes sostienen estas iniciativas, el Sistema Nacional de Cuidados corre el riesgo de quedarse como una simple aspiración teórica en papel, inalcanzable para la mayoría de la clase trabajadora.
Un Estado que no protege: Del discurso a la realidad
La administración del presidente Bernardo Arévalo heredó lo que desde la Ciencia Política se puede denominar un "Estado Rehén" o un “Estado Fallido”, un aparato público profundamente penetrado y cooptado por el "Pacto de Corruptos" (en sus vertientes nacionales e internacionales). Sin embargo, frente al repunte de violencia del periodo 2025-2026, la respuesta del Ejecutivo y del Ministerio de Gobernación es percibida por la ciudadanía como reactiva más que preventiva.
La crisis del gabinete de seguridad es innegable. Las muertes de Solórzano Foppa y del diputado Portillo evidencian que el Estado no puede proteger ni siquiera a los funcionarios de más alto rango. Si un diputado rodeado de agentes de la PNC es vulnerable, la desprotección de un líder sindical o una trabajadora del hogar es absoluta. Las estadísticas respaldan esta percepción de vulnerabilidad ciudadana: la tasa de homicidios aumentó aproximadamente un 8% entre 2024 y 2025.
Este escenario nos sitúa en medio de un tenso debate sobre el modelo de seguridad del país. Por un lado, el gobierno defiende un enfoque de "Seguridad Democrática" (una seguridad vinculada a la prevención social y el fortalecimiento institucional); por el otro, el alza en los homicidios alimenta las exigencias de políticas de "mano dura" por parte de la “vieja clase política”.
Pero el problema es aún más profundo y estructural. Existe una desconexión fatal entre la Policía Nacional Civil (bajo el mando del Ejecutivo) y el Ministerio Público (MP). El MP, lejos de coordinar esfuerzos para desarticular las redes criminales, ha utilizado con frecuencia el sistema de justicia como un arma para la criminalización. En lugar de investigar a los "autores intelectuales", aquellos sectores que planifican y obtienen beneficios políticos o económicos de la violencia, las acciones judiciales se han centrado en líderes sociales (sin importar quién esté al mando del Ejecutivo). Esto genera un ciclo de impunidad: mientras se persigue a quienes han denunciado la corrupción, los responsables de la violencia permanecen en la sombra.
La "tasa del miedo": Cómo la extorsión asfixia el hogar
Para comprender la crisis de seguridad desde la perspectiva de la clase trabajadora, debemos hablar de economía. La extorsión no es solo un delito contra el patrimonio; actúa como un impuesto regresivo y brutal que extrae dinero directamente del presupuesto de quienes menos tienen.
La extorsión sigue siendo un problema no resuelto y evidencia la falta de capacidades suficientes de las autoridades para prevenirla, investigarla y proteger a las víctimas. Además, más del 60% de la población ocupada trabaja en la informalidad laboral, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. Como referencia del impacto económico de la delincuencia en general, el Reporte Nacional de Emprendimiento 2025/2026 estimó un costo promedio de Q17,294 para emprendedores que fueron víctimas de delitos y de Q5,950 para personas no emprendedoras; en esa encuesta, la extorsión representó el 17.3% de los delitos reportados por emprendedores y el 14.4% por no emprendedores. Estos costos corresponden a la delincuencia en conjunto, no exclusivamente a la extorsión ni a un promedio de hogares.
Imaginemos a una trabajadora del hogar que intenta sostener un pequeño emprendimiento de cuidados en su vecindario para complementar sus ingresos. La imposición de la llamada "tasa del miedo" por parte de grupos criminales confisca cualquier excedente que ella logre generar. La extorsión asfixia la economía de proximidad, despojando a las comunidades de los recursos vitales que necesitan para cuidarse mutuamente y superar condiciones de precariedad. Cuando no se frena este fenómeno, se permite el drenaje sistemático de la economía del cuidado.
Defensores bajo fuego: El ataque a la organización social
La vulnerabilidad se agudiza cuando hablamos de la organización colectiva. Durante 2025, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) documentó 5,238 casos de agresión contra personas defensoras. El informe registra 12 asesinatos de personas defensoras en total; nueve defendían el territorio y el medio ambiente. Estos registros documentan agresiones y no equivalen, por sí mismos, a expedientes judiciales abiertos.
Desde una perspectiva sociológica, este nivel de violencia genera lo que se describe como una "parálisis inducida por el miedo". Cuando un líder o lideresa es atacado, el impacto se irradia a toda la base social. El efecto paralizador rompe el tejido de solidaridad que permite a los vecinos organizarse para la autogestión de sus necesidades básicas. La criminalización, además, obliga a las organizaciones a derivar sus fondos y su tiempo hacia la defensa legal en lugar de invertirlos en el fortalecimiento social y los programas de apoyo a sus miembros.
El panorama institucional de Guatemala frente a esta situación es alarmante. La falta de ratificación del Acuerdo de Escazú deja a quienes defienden la naturaleza sin un marco de protección internacional adicional en un país donde los conflictos por el territorio son de alta intensidad. La Plataforma Escazú en Guatemala ha enviado cuatro cartas al presidente y no ha recibido respuesta. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que Guatemala mantiene desafíos críticos en el cumplimiento de los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva.
Muchos de estos desafíos afectan directamente a las mujeres organizadas. Los ataques y amenazas que ha enfrentado la sede de SITRADOM/ATRAHDOM durante 2025 son intentos de intimidación contra las trabajadoras que han decidido unirse para defender sus derechos laborales, tal como lo establece el Convenio 189 de la OIT. En este sentido, la seguridad tiene una dimensión de género insoslayable: se agrede de forma selectiva a las mujeres que asumen liderazgos públicos para forzarlas a regresar al silencio. La defensa de los derechos de las trabajadoras es un acto de cuidado por la dignidad nacional; proteger esa labor es un deber urgente del Estado.
El gobierno de Guatemala tiene la responsabilidad de traducir sus declaraciones de principios en acciones que desmantelen las estructuras de violencia. Un Sistema Nacional de Cuidados seguirá siendo una construcción teórica mientras el Estado sea incapaz de proteger el recurso más valioso de la nación: la vida y la integridad de quienes trabajan cada día por sostenerla.
Es fundamental que la presidencia y el Ministerio de Gobernación avancen decididamente contra el nexo entre el crimen organizado y la impunidad judicial. No basta con lamentar las pérdidas; es necesario fortalecer capacidades institucionales de la PNC y garantizar que las instituciones de investigación funcionen para proteger a la ciudadanía y no para perseguir a sus defensores.
Invitamos a nuestras lectoras y lectores a reflexionar sobre cómo la inseguridad condiciona su bienestar diario y su capacidad de construir comunidad. Proteger al trabajador y a la trabajadora, garantizar su derecho a organizarse y asegurar que sus hogares no sean saqueados por la extorsión es, en última instancia, la forma más profunda de cuidar a Guatemala.