
La crisis climática no es un fenómeno meteorológico aislado ni una preocupación exclusivamente técnica de científicos y diplomáticos. Para las mujeres trabajadoras de Guatemala, el cambio climático ya es una realidad que se vive en la precarización de sus empleos, en la escasez de agua potable en los hogares y en el deterioro de la salud en las fábricas y campos. En este contexto, la defensa del territorio y de los bienes naturales se ha convertido en una extensión de la lucha por los derechos laborales.
La COP31, la cumbre climática de 2026 convocada en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre, se presentó como un punto de inflexión para el Sur Global. Sin embargo, mientras el mundo discute metas de adaptación y financiamiento internacional, Guatemala enfrenta un bloqueo interno que debilita su capacidad de respuesta: la parálisis en la ratificación del Acuerdo de Escazú y la vulnerabilidad extrema de quienes defienden la vida y el trabajo frente a intereses extractivos. ¿Cómo puede el país transitar hacia una verdadera justicia climática si su sistema legal y presupuestario no garantiza la seguridad de quienes están en la primera línea de defensa?
La COP31: Entre la diplomacia global y la realidad del Sur Global
La gobernanza climática internacional afronta decisiones cruciales. Con Antalya, Turquía, como sede confirmada, la COP31 se proyectó como un "puente" entre el Norte y el Sur Global. La agenda de esta cumbre, según la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), incluye adaptación, financiamiento climático, pérdidas y daños, y género y cambio climático, asuntos decisivos para las regiones más vulnerables.
Para Guatemala, esta cumbre representa una oportunidad para posicionarse no solo como un país afectado, sino como un actor con autoridad moral para demandar justicia económica y climática. No obstante, para que la voz de Guatemala tenga fuerza en los foros climáticos, el Estado debe demostrar coherencia interna. No se puede exigir justicia climática en foros internacionales mientras en el territorio nacional se criminaliza a las lideresas que protegen las fuentes de agua o denuncian la contaminación de los ríos. La protección de los derechos humanos es el pilar indispensable para cualquier política de desarrollo sostenible que aspire a ser algo más que una declaración de intenciones.
El nudo legal: El Acuerdo 65-2025 y el pulso por el derecho internacional
Uno de los mayores obstáculos para fortalecer esta protección es un complejo conflicto jurídico sobre la jerarquía de las leyes. Guatemala aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que incluye protecciones específicas para defensores; ese bloqueo debe distinguirse de la controversia sobre la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena.
En 1997, Guatemala formuló una reserva al artículo 27 de la Convención de Viena para sostener que este se refería a la legislación secundaria y no a su Constitución Política, cuya preeminencia reivindicaba frente a cualquier ley o tratado. En un intento por cambiar esto, la administración de Bernardo Arévalo emitió el Acuerdo Gubernativo 65-2025, el cual buscaba retirar esa reserva. El objetivo era claro: asegurar que las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente no pudieran ser ignoradas bajo el pretexto de leyes nacionales restrictivas.
En mayo de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el Acuerdo Gubernativo 65-2025 y ordenó comunicar esa decisión a la ONU. Este choque institucional entre el Ejecutivo y la CC no es un simple debate de abogados; tiene consecuencias directas sobre la vida de los ciudadanos. Sin embargo, el registro de tratados de la ONU consigna que Guatemala notificó el retiro de la reserva el 10 de abril de 2025. Esta controversia debe distinguirse de la ratificación de Escazú, que sigue pendiente: las comunidades continúan sin ese escudo adicional frente a decisiones estatales que priorizan intereses comerciales sobre la sostenibilidad ambiental.
El costo de la defensa: Presupuesto insuficiente frente al acoso judicial
Más allá de las leyes, existe una brecha económica que hace que las políticas de protección sean a menudo inoperantes. La Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035 ya fue aprobada; su rectoría corresponde al Ministerio de Gobernación y COPADEH coordina su implementación. Sin embargo, según su Memoria de Labores 2024-2025, su presupuesto inicial para 2024 fue de Q35 millones, el presupuesto vigente alcanzó Q65,533,625 y la ejecución fue de Q59,995,222.40. Este monto es estructuralmente insuficiente para cubrir el nivel de riesgo que enfrentan cientos de defensores y defensoras en todo el territorio nacional.
A esta escasez de recursos se suma un fenómeno alarmante: el lawfare o acoso judicial. En lugar de recibir protección preventiva, muchas lideresas territoriales enfrentan acusaciones judiciales fabricadas y procesos penales desgastantes diseñados para silenciar su denuncia. El Estado tiende a ofrecer medidas reactivas, como escoltas policiales, una opción que muchas mujeres rechazan por la desconfianza histórica hacia las fuerzas de seguridad en zonas rurales.
Lo que la sociedad civil demanda, en sintonía con el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú, es una protección preventiva. Esto significa garantizar un entorno seguro para la defensa de los derechos, lo cual implica detener la criminalización y asegurar que el Ministerio Público no sea utilizado como una herramienta de persecución contra quienes defienden el agua y la tierra.
Justicia ambiental y la invisibilidad del cuidado
La degradación ambiental no impacta a todos por igual. Desde una perspectiva sociológica y de género, la escasez de recursos como el agua potable y la proliferación de enfermedades derivadas de la contaminación recargan excesivamente las tareas de cuidado no remunerado, que tradicionalmente recaen sobre las mujeres.
Cuando un río se contamina por desechos industriales o el monocultivo de caña y palma absorbe las fuentes de agua de una comunidad, son las mujeres quienes deben caminar distancias más largas o dedicar más horas del día a la gestión del hogar y la salud familiar. Este vínculo entre la crisis ambiental y la "Economía del Cuidado" es fundamental para entender por qué la lucha ambiental es también una lucha trabajadora. La falta de saneamiento y agua potable en las zonas de maquila y en los barrios donde residen las trabajadoras domésticas es una forma de violencia estructural que deteriora la calidad de vida y el tiempo libre de las mujeres.
En el sector de la agroindustria, la conexión es igual de crítica. Las trabajadoras de la caña y la palma a menudo enfrentan condiciones de calor extremo y falta de acceso a hidratación adecuada, problemas que se agravan con el calentamiento global. La ausencia de regulación ambiental efectiva se traduce directamente en un deterioro de la salud laboral.
La perspectiva de ATRAHDOM: Un escudo para el trabajo digno
Para ATRAHDOM, la ratificación del Acuerdo de Escazú es una demanda hermana de la implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Un entorno seguro para la defensa de los derechos territoriales es, por definición, un entorno libre de violencia laboral.
La seguridad de las defensoras territoriales está intrínsecamente ligada a la libertad de asociación y a los derechos de las trabajadoras de sectores como la agroindustria de caña y palma. Defender el agua es, en última instancia, defender el tiempo, la salud y la dignidad de las mujeres. Las trabajadoras del hogar, como gestoras directas ante la falta de saneamiento, son las primeras en enfrentar las crisis derivadas de la mala gestión ambiental.
El Acuerdo de Escazú no debe verse como un tratado externo, sino como un escudo indispensable para que las líderes que denuncian abusos puedan realizar su labor sin temor a represalias, fortaleciendo así los derechos conquistados en instrumentos como el Convenio 189 sobre el trabajo doméstico.
La ruta hacia la justicia climática en Guatemala requiere dejar de ver los derechos ambientales, laborales y humanos como compartimentos estancos. La interdependencia es absoluta: no habrá desarrollo sostenible sin seguridad jurídica para quienes defienden el territorio, y no habrá justicia social sin reconocer que la crisis climática profundiza la desigualdad laborale de las mujeres.
Es imperativo que el Gobierno impulse la ratificación del Acuerdo de Escazú y garantice que las obligaciones internacionales de derechos humanos no se conviertan en letra muerta. Asimismo, es vital que las disputas institucionales entre el Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad se resuelvan con un enfoque que priorice la vida y la dignidad humana.
Defender el agua, la tierra y el medio ambiente es defender nuestro futuro laboral. La COP31 debe servir de recordatorio: el liderazgo climático de un país no se mide por la elocuencia de sus discursos en el extranjero, sino por la protección real y efectiva que brinda a sus defensoras en casa.
Recursos y referencias para el lector
- Marco legal: texto del Acuerdo de Escazú (CEPAL).
- Referencia histórica: caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala (2014), relacionado con Florentín Gudiel Ramos; resumen oficial de la Corte IDH reproducido en el informe de UDEFEGUA, pp. 40–46.
- Transparencia: funciones y ejecución presupuestaria de COPADEH.
- COPADEH: Memoria de Labores 2024-2025 y ejecución presupuestaria de 2024.
- Derecho internacional: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, artículo 27 (ONU, en Refworld).
- CMNUCC: sede y fechas oficiales de la COP31.
- Lectura relacionada: Trabajo del hogar en Guatemala. El motor invisible que sostiene la vida y la economía.
- Lectura relacionada: Coalición de Género y Comercio.
- Naciones Unidas, Asamblea General, Tercera Comisión: proyecto de resolución A/C.3/81/L.36/Rev.1 sobre la aplicación de la Declaración sobre las personas defensoras de los derechos humanos. Aprobado en la Tercera Comisión el 17 de noviembre de 2026, con 167 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones. Confirmación del resultado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega (19 de noviembre de 2026) y reporte de la sesión por Peace Brigades International-Canadá (18 de noviembre de 2026).
